El Área Pública de CCOO PV ha remitido un escrito a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral para que se fijen de forma urgente los servicios mínimos para la jornada de huelga general prevista para el próximo martes en el sector de las administraciones públicas. Por ello, solicita una reunión con el Comité de Huelga, para negociar los servicios mínimos y garantizar los servicios esenciales en la administración valenciana.
A fecha de hoy, 4 de junio, y con un fin de semana de por medio, el Gobierno Valenciano no ha emitido la orden que fija los Servicios Mínimos para la huelga del día 8 lo que para CCOO es especialmente grave porque este retraso en la planificación afecta al derecho de huelga de los empleados públicos (personal sanitario, docentes, bomberos, etc.)
En sectores como el sanitario, el retraso en la fijación de los mínimos afecta especialmente al ejercicio del derecho de huelga, ya que, por su responsabilidad social, el personal no va a poner en peligro la integridad de los pacientes. La administración lo sabe y utiliza este hecho para generar un clima de confusión e incertidumbre que podría afectar a la participación en la misma.
Por estas razones, la organización sindical iniciará las acciones jurídicas necesarias para que el Gobierno Valenciano asuma su papel y deje de influir negativamente en el derecho de huelga reconocido en la Constitución Española.
A fecha de hoy, 4 de junio, y con un fin de semana de por medio, el Gobierno Valenciano no ha emitido la orden que fija los Servicios Mínimos para la huelga del día 8 lo que para CCOO es especialmente grave porque este retraso en la planificación afecta al derecho de huelga de los empleados públicos (personal sanitario, docentes, bomberos, etc.)
En sectores como el sanitario, el retraso en la fijación de los mínimos afecta especialmente al ejercicio del derecho de huelga, ya que, por su responsabilidad social, el personal no va a poner en peligro la integridad de los pacientes. La administración lo sabe y utiliza este hecho para generar un clima de confusión e incertidumbre que podría afectar a la participación en la misma.
Por estas razones, la organización sindical iniciará las acciones jurídicas necesarias para que el Gobierno Valenciano asuma su papel y deje de influir negativamente en el derecho de huelga reconocido en la Constitución Española.
