Se agotaron todas las posibilidades de acuerdo. La negociación no dio más de sí. La mesa de diálogo social en la que Gobierno, patronal y sindicatos debatían y contrastaban las propuestas de unos y otros tocó fondo. El diálogo quedó malherido cuando el Gobierno presentó su plan de ajuste cargando sobre empleados públicos, pensionistas y personas dependientes la drástica reducción del déficit público. A partir de ahí, las organizaciones empresariales descartaron cualquier posibilidad de pacto y elevaron el tono de sus demandas, conscientes de que en caso de desacuerdo el decreto prometido por el Ejecutivo le sería más útil que cualquier reforma pactada. No se equivocaron.
Como ha denunciado el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, el decreto aprobado en Consejo de Ministros el 16 de junio para reformar el mercado de trabajo, que se tramitará como proyecto de Ley en el Parlamento, asume el núcleo duro de las reivindicaciones de la patronal:
• El despido será más fácil y barato.
• Va a suponer un aumento de la temporalidad.
• Se incrementará la capacidad de decisión de los empresarios, dejando desprotegidos a millones de trabajadores de pequeñas y medianas empresas.
• La negociación colectiva sufrirá un duro golpe, en un proceso de fragmentación que favorecerá la individualización de las relaciones laborales.
La patronal con sus exigencias inaceptables abortó el diálogo social sobre la reforma del mercado de trabajo; y lo hizo con el mismo entusiasmo con que aplaudió el plan de ajuste. Pero esto es sólo una parte de la verdad. El Gobierno cedió a las presiones del liberalismo europeo y de los mercados internacionales, y activó un discurso político de recorte de derechos sociales y laborales y de quiebra de las rentas de empleados públicos y pensionistas que presentó como un discurso “valiente y responsable”. Paradojas de la vida: valiente con los asalariados y los que pierden su empleo (más de 2 millones desde que se inició la crisis) y responsable con las rentas de capital y rentas más altas que ni siquiera roza. Un discurso de ajuste duro y reforma laboral de fuerte contenido antisindical que ha llevado a los sindicatos a responder con firmeza y contundencia: la convocatoria de una huelga general el 29 de septiembre.
Como ha denunciado el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, el decreto aprobado en Consejo de Ministros el 16 de junio para reformar el mercado de trabajo, que se tramitará como proyecto de Ley en el Parlamento, asume el núcleo duro de las reivindicaciones de la patronal:
• El despido será más fácil y barato.
• Va a suponer un aumento de la temporalidad.
• Se incrementará la capacidad de decisión de los empresarios, dejando desprotegidos a millones de trabajadores de pequeñas y medianas empresas.
• La negociación colectiva sufrirá un duro golpe, en un proceso de fragmentación que favorecerá la individualización de las relaciones laborales.
La patronal con sus exigencias inaceptables abortó el diálogo social sobre la reforma del mercado de trabajo; y lo hizo con el mismo entusiasmo con que aplaudió el plan de ajuste. Pero esto es sólo una parte de la verdad. El Gobierno cedió a las presiones del liberalismo europeo y de los mercados internacionales, y activó un discurso político de recorte de derechos sociales y laborales y de quiebra de las rentas de empleados públicos y pensionistas que presentó como un discurso “valiente y responsable”. Paradojas de la vida: valiente con los asalariados y los que pierden su empleo (más de 2 millones desde que se inició la crisis) y responsable con las rentas de capital y rentas más altas que ni siquiera roza. Un discurso de ajuste duro y reforma laboral de fuerte contenido antisindical que ha llevado a los sindicatos a responder con firmeza y contundencia: la convocatoria de una huelga general el 29 de septiembre.
